sábado, 23 de agosto de 2008

Rompiendo esquemas

Antiherois.

nois busquen nois


"La nuestra es una lucha antipatriarcal basada en la liberación sexual a todos los niveles. Hasta ahora, la liberación sexual y la lucha antipatriarcal tan sólo se había trabajado desde el feminismo o el colectivo gay-lesbico. Nosotros pretendemos romper con todo este legado y empezar la lucha de nuevo, intentando hacerla llegar a todo el mundo sin estancarnos en un grupo concreto, deshaciéndonos de las identidades de género y las identidades sexuales, meros obstáculos para la consecución de una sexualidad genuinamente libertaría, exenta de roles patriarcales"

jueves, 14 de agosto de 2008

Carimba, marcada en mi piel




En Venezuela se ha ocultado históricamente el problema y se ha tratado de negar. Así lo explica María: el racismo es como el aire que no se vé pero se siente.

El documental recorre los locales de ocio caraqueños, las telenovelas, los medios de comunicación, la política y la historia descubriendo un racismo a veces sutil y en otras ocasiones brutal. El camino nos conduce hasta la familia misma y nos muestra como la abuela, la madre y la hija han sufrido de diferentes maneras la separación entre negros y blancos.

La marca del racismo se hace palpable e innegable.

Un documental de Guarataro Films y Venezolana de Televisión con el apoyo de Ávila TV.
Dirigido por David Segarra
Duración: 40:54

miércoles, 13 de agosto de 2008

Los otros



Con las múltiples expresiones del conflicto que afecta a Euskal Herria como telón de fondo, el autor hace un repaso a los diversos posicionamientos que ante esas expresiones toman diferentes actores sociales, individuales o colectivos. Y en ese marco, reivindica la protesta y la crítica como activo contra la imposición, la coacción y la represión.


Ronald Dworkin, filósofo estadounidense preocupado por estas cosas del derecho y la democracia, considera que «los derechos humanos son los triunfos con los que cuenta el ciudadano para intentar ganar al poder su partida de cartas diaria». Algunos ciudadanos, sin duda, nos enfrentamos al poder en esa partida, siempre intentando tener mejores cartas que el contrincante. Me pregunto por la actitud de los otros. Esos conciudadanos que pasan de la partida. No me refiero a esos que están ya sometidos a la influencia del poder, porque se deben a él por juramento -funcionarios, burócratas, asalariados por el poder, agentes y policías varios...- y la mayoría de las veces por devoción -por eso de que pisar moqueta absorbe voluntades-.

Me refiero a los otros, los de pié de calle que compartimos cola en la frutería, en el peaje de la A8 o en el banco -últimamente no en el colegio electoral, elemento identificativo de cómo van las cosas-. A esos que por hastío, por dejación o por alienación han decidido no jugar y han relegado la dirección de la partida en sus contrincantes. El ciudadano que decide pasar de la política, pero con su actitud, en algunos casos contradictoriamente enmascarada en una pose antisistema, lo que hace es donar gratuitamente sus triunfos en la gran partida a los que son sus contrincantes: el juez, el policía, el alto cargo institucional, el banquero...

El otro día me topé con un otro: un hombre que en un bar ridiculizaba abiertamente a manifestantes que nos habíamos comenzado a reunir en la plaza de Abadiño para marchar contra las obras del TAV que recientemente se han iniciado en dicho municipio. El hombre, haciendo alarde además de ignorancia supina, expresaba públicamente su desacuerdo con «éstos, que tienen que protestar por todo».

Bendita actitud, la de quien protesta, la del que se enfrenta a la imposición, la del que considera que, aún pequeño ante el poder, todavía afronta la desigual pelea. Pueblo íntegro el que exige ser preguntado y pugna por el control del timón de su futuro. Actitud ejemplar la de David frente al maldito Goliat. Maldito por el contrario quien se resigna, se abandona adormecido por las palabras redondas del Morfeo con forma de rueda de prensa institucional, gran empresa de la comunicación, canal público o privado de discurso único de televisión. Maldito quien ha perdido el espíritu crítico ante los grandes discursos vacíos de palacio, quien embotado su espíritu, los repite pretendiendo encontrar sin conseguirlo argumentos de alta ética. Ruin por dos veces el que protesta contra el que protesta solamente porque ejerce ese derecho.

Hay otro grupo de los otros al que no puedo evitar referirme, si bien lo tengo que hacer con el código penal en la mano y revisando jurisprudencia. Porque simplemente hablar de ellos es infractor del corsé penal de indefinidos contornos al que nos sometemos sus otros. Me refiero a ese grupo conformado por el coro estridente de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Esos ciudadanos que empuñando el escudo de su sufrimiento y la lanza de su venganza, ejercen acusaciones populares en tribunales excepcionales contra el disidente, sea éste un voluntario de ETA, un organismo popular o la dirección de un periódico.

Estos «otros» se reúnen con ministros para exigir que se apriete aún más la tuerca de la represión, para provocar más la involución de derechos y libertades que se ha producido en su país y que sólo afecta al mío. Estos grupos de choque que son convocados para hacer descarrilar un proceso de normalización, negociación, paz o como quiera denominársele. Ciudadanos ellos, que tienen a su disposición todo el aparato estatal para regalarse reconocimiento, reparación, rehabilitación y se oponen a sangre y fuego no sólo a que lo obtengan los otros -víctimas de la violencia de estado que ellos jalean- sino que claman abiertamente venganza, en forma de cadenas perpetuas y penas capitales para quienes, en un contexto de confrontación siquiera en las ideas, se sitúan frente a ellos.

Durante años de sólo tener ojos para estas organizaciones, por medio de la oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, organizando actos y homenajes hacia un lado, el director de Derechos Humanos, Jon Landa, se ha acordado de sus otros, realizando un informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos Derivadas de la Violencia de Motivación Política. Tras este complicado nombre quiere hacer un primer ejercicio de reconocimiento institucional hacia quienes han sufrido la violación de derechos humanos por parte del único que puede violarlos, el Estado.

Este trabajo, que desde nuestro punto de vista es todavía sesgado e incompleto, se ha ganado la crítica consabida de PP y PSOE, mientras que el PNV dice que lo tiene que analizar. Sin embargo, la directora de Víctimas de Terrorismo, Maixabel Lasa, órgano dependiente del propio Departamento de Interior, ya consideró «grosero e inoportuno» su anuncio. El gobierno autonómico, en su conjunto, el que primero tiene la convicción de que la Guardia Civil tortura y posteriormente les felicita públicamente por sus detenciones, para que, como ha ocurrido en el último de los casos, se cumpla su convicción, está atascado en un difícil limbo. Por supuesto, no quiere reconocer que él y su policía ha causado víctimas en este país -recordemos la reciente e impactante imagen del zanpanzar herido en Zornotza-. Pero no encuentra acomodo en esa burbuja levitante, en su plataforma de marfil desde la que se quiere situar por encima del bien y del mal.

Resolverá el problema con ayuda de la expresión «sin falsas equidistancias» para nuevamente poner el eje de la balanza en el lado de sus apetencias y cargar contra quienes reclaman lo que aquellas otras víctimas ya tienen: reconocimiento y reparación, pero sobre todo, garantía de que las torturas, las ejecuciones, las desapariciones... no se repetirán. ¿Puede ofrecer esto el Gobierno de Gasteiz a sus otros? ¿Puede garantizar a sus ciudadanos legítimamente protestones que no se verán sometidos a la violencia de ese Estado a quien representan en algunas tierras vascas? Simplemente, no, al menos sin enfrentar un proceso de resolución definitivo, incluyente, democrático, global.

La famosa película de Amenabar, a quien copio el título del artículo, muestra esa dicotomía entre vivos y muertos, entre los que están a un lado y al otro. Para observarlos, todo depende de dónde se ponga la cámara. Interprete bien la metáfora, señor juez. Me refiero solamente a que, en este conflicto de sufrimientos, unos han sido los que han recibido todos los parabienes del poder, incluido el del suyo, el poder judicial, mientras que los otros sólo han encontrado por respuesta la espada de la justicia sin balanza, el palo sin zanahoria. Unos, ciudadanos y poder, frente a otros, los despojados. Los otros frente a los unos.

Depende donde pongas la cámara. Mientras, nosotros continuamos dando cartas, unos días jugando con protocolos que parecen no funcionar para dificultar la aplicación del tormento a los detenidos, otros días contando con la opinión de relatores de Naciones Unidas, los más echando mano de la carta siempre en la manga de movilizaciones, pancartas, carteles, murales... con el discurso de los derechos humanos, bandera que corresponde al pueblo que protesta, que reivindica su aplicación y observancia, que requiere ser tenido en cuenta, escuchado, reconocido como soberano y reconocido en su sufrimiento. Ese pueblo, o al menos la parte de él, que sigue señalando, una y mil veces, a quienes juegan y ganan las partidas con un solo triunfo: el as de bastos.

Julen Arzuaga, abogado
3/8/2008



http://www.gara.net/paperezkoa/20080803/89724/es/Los-otros

martes, 12 de agosto de 2008

Lo que viene y lo que vuelve

Porque de la reflexión y el cariño surgen más reflexiones y más cariño. Porque todo vuelve. Porque somos almas rebeldes. Porque las cosas hechas desde el corazón van directas al corazón. Porque el respeto es máximo, porque las sonrisas quedan en el alma y de allí no se moverán. Porque la gente que no pasa de puntillas por nosotras es la gente que merece la pena, es la gente que nos va haciendo personas, la que se queda. Porque en los últimos meses me han marcado más de lo que podría imaginar. Porque conectar con gente así se hace sencillo, y construir puentes, y aprender, y reír, y viajar, y volver a reflexionar. Y el ser lo que somos, sencillamente esto. Y desde aquí, ganar cada batalla, que la vida nos brinda muchas. Y el resistir de esa manera....






lunes, 4 de agosto de 2008

Más del fiel continuismo

Un coronel del Ejército español acusa formalmente a Juan Carlos I de "planificación, coordinación, preparación y ejecución" de golpe de Estado del 23-F

Carta íntegra del militar Amadeo Martínez Inglés al presidente del Congreso de los Diputados

AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS

Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:

Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.

En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, “políticamente incorrecto” escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al mismo.

Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.

Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”. Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación:

1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.

2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.

3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.

4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…).

5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.

6.- Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos, que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.

En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente, que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.

De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han “callado y otorgado”.

En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad y que resumo de nuevo:

1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.

2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.

3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).

4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.

5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.

6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquel luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.

Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda seguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del actual rey de España, habría que reescribir con toda urgencia la historia de este país.

Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquel que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos.

Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de protagonista absoluto.

Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su “juez estrella” Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada “guerra sucia” contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.

Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.

España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.

Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.

Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008