domingo, 20 de abril de 2008

Empieza el juicio contra Gestoras Pro Amnistía

«Vamos a Madrid con orgullo, a reivindicar lo que hemos hecho y a juzgar al Estado»


El 21 de abril está previsto que empiece en la Audiencia Nacional el juicio oral contra 27 personas acusadas de pertenencia a banda armada por su participación en Gestoras Pro Amnistía - Askatasuna, un organismo de defensa de los derechos humanos y de apoyo a los presos políticos vascos con más de 30 años de existencia y que se ha destacado en la denuncia de la tortura.

A los 27 acusados, que han ocupado diferentes responsabilidades públicas o han trabajado como abogados en el movimiento pro amnistía vasco, el juez Baltasar Garzón les imputa “pertenencia a organización armada”. El fiscal pide para cada uno de ellos penas de diez años de prisión. El juicio se desarrollará a partir del 21 de abril en el edificio de la Audiencia Nacional de la madrileña Casa de Campo, los lunes, martes y miércoles de las próximas semanas. El Movimiento Pro Amnistía vasco es una activa red de diferentes plataformas cívicas, asociaciones de derechos humanos y organismos activistas centrada en la denuncia anti represiva, la solidaridad y ayuda a los presos políticos vascos y a sus familiares. Las Gestoras Pro Amnistía constituyeron una de las mayores expresiones organizativas de este movimiento. Nacidas hace más de 30 años, en su haber cuenta con miles de actividades –ruedas de prensa, movilizaciones, actos públicos, recopilación de información sobre la represión, publicaciones–. Extendida a casi todos los pueblos y barrios del País Vasco, Gestoras acumuló un acreditado reconocimiento social y una importante capacidad de movilización. En 2001 este organismo llevó a cabo un proceso de unificación con Koordinaketa, su álter ego en el País Vasco francés, proceso del cual surgió Askatasuna.

Poco después de su nacimiento, el 31 de octubre de 2001, una operación policial ordenada por Baltasar Garzón, responsable del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, se saldaba con la detención de 12 portavoces y responsables de diferentes áreas de Askatasuna. Mientras eran allanados y registrados varios locales y oficinas de Gestoras, la policía también procedía a registrar dos despachos de abogados en Bilbao y Pamplona. Ambos despachos fueron precintados los ordenadores y demás documentación de los 12 abogados que trabajaban en ellos fueron requisados. Medios de comunicación y responsables políticos desataron una campaña contra la actividad de estos letrados y letradas, que trabajaban en casos calificables como “políticos”, con el argumento de que pertenecían al denominado por la policía “frente de macos” –cárceles– de ETA. El magistrado ordenaría posteriormente el desprecinto de ambos despachos y la devolución del material incautado, no sin antes duplicar todo el contenido informático así como copiar los documentos secuestrados durante los registros de los despachos.

Por su parte Juan Mari Olano, coordinador nacional de Askatasuna, sería detenido semanas después en Baiona (País Vasco francés) y tras un largo proceso, extraditado al Estado español. Olano y los 12 detenidos en la operación policial permanecieron cuatro años en prisión preventiva, el tiempo máximo de encarcelamiento que permite, sin que se celebre el juicio, la ley. Serían puestos en libertad con altas fianzas en 2004.

En febrero de 2003, en una nueva operación policial, eran detenidas otras cinco personas que ejercían de portavoces de Askatasuna. Sus domicilios fueron registrados, así como las sedes de la asociación de familiares Etxerat, en varias localidades vascas. Poco después Garzón ordenaba la acumulación de todas las diligencias previas relacionadas con estos operativos en el sumario 33/01.

El sumario 33/01

Estas operaciones judiciales han tenido continuidad hasta ahora con la nueva detención el pasado septiembre de Juan María Olano y en octubre de 2007 de Ohiana Agirre, también responsable y portavoz de Askatasuna. Ambos fueron posteriormente encarcelados por “reiteración en la actuación pública como representante de Askatasuna”. Olano acaba de quedar en libertad bajo una fianza astronómica en marzo. Mediante el sumario de investigación 33/01 Garzón ha suspendido la actividad de Gestoras pro Amnistía y de Askatasuna considerando ilícita su labor pública e imputa a 27 personas un delito de “pertenencia a organización armada”. El juez considera que todas sus “actividades las cumple Gestoras, bajo el control y dirección de ETA” por lo que participar en Gestoras es formar parte de la organización armada. Entre los elementos de imputación reflejados en el auto de acusación estaría el haber pertenecido en el pasado a otras organizaciones sociales, el estar vinculado sentimentalmente a presos o refugiados políticos vascos, la participación en actos de homenaje a presos, la elaboración de campañas, convocatoria de movilizaciones, la asistencia a reuniones, el desarrollo de proyectos del organismo... Actividades que en cualquier caso eran las públicamente desarrolladas. En un comunicado los acusados mantienen que el juicio que se inicia “criminaliza sin fundamentos legales la solidaridad con los presos políticos, la oposición a la represión y la violencia de Estado, y la actuación de defensa de los derechos humanos”.




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"Quieren juzgar a quienes somos testigos de su represión"

Josu Beaumont, Juan Mari Olano y Julen Larrinaga han comparecido hoy en Donostia para denunciar el juicio que comenzará el próximo 21 de abril, contra Gestoras pro-amnistía y Askatasuna en el que se encuentran 27 personas imputadas.

"Muchos de los que estamos aquí venimos de prisión y nos quieren llevar allí de nuevo, la decisión ya está tomada, es una farsa", han señalado.

Asimismo, los comparecientes han asegurado que no se esconderán ante el proceso y han añadido que acudirán a la cita con total dignidad y responsabilidad.

Por otra parte, han señalado que no se sienten imputados, ya que se consideran "testigos" de la represión llevada a cabo durante años por el Gobierno español contra Euskal Herria y sus ciudadanos. Como ejemplo han citado la multitud de detenciones o la política penitenciaria, entre otros.

"Mientras exista la represión existirá el movimiento pro amnistía", han asegurado, y han añadido que el Gobierno español pretende seguir con su política represiva con "toda impunidad", pero que "están equivocados", ya que aunque encarcelen a miembros del movimiento pro amnistía hay multitud de personas para seguir adelante con su labor.

Han reivindicado la amnistía ya que, a su juicio, se trata de una cuestión clave para la resolución del conflicto político.

Haciendo alusión a la jornada de movilización convocada para el próximo día 25 de abril, han animado a la ciudadanía a movilizarse para hacer frente así a la política represiva.

También han informado sobre la ronda de contactos que mantendrán con distintos agentes sociales, excluyendo a partidos políticos, ya que "hemos visto que en 30 años han sido incapaces de resolver esta situación".

Fuente: Gara


Los imputados afirman que "es necesaria la existencia de un tribunal especial" para llevar a cabo el juicio

res días antes de que dé comienzo un nuevo juicio contra ciudadanos vascos que en los últimos 30 años han trabajado por los derechos de los represaliados, los encausados han comparecido ante la prensa para "compartir reflexiones" antes de sentarse ante el tribunal de la Audiencia Nacional.

Acompañados por algunos de los imputados, el también procesado Julen Larrinaga y la abogada defensora Amaia Izko han tomado la palabra para exponer un análisis sobre lo que supone la existencia de la Audiencia Nacional y el propio juicio en sí.

Izko ha señalado que el margen para ejercer las labores de defensa es "nulo". A su juicio, el punto de partida de este nuevo proceso, al igual que en otros tantos, reside en la necesidad de "la existencia de tribunales extraordinarios y especiales" para encausar a estos ciudadanos vascos, ya que, según ha señalado, en un juzgado ordinario no sería factible.

Así, ha mencionado los últimos macrojuicios celebrados en la Audiencia Nacional, tales como el del 18/98 y el de Jarrai-Haika-Segi, al tiempo que ha señalado que en este juicio, "no existe lugar para la imparcialidad".

Según ha declarado, este tipo de actuaciones "van más allá de lo jurídico y quieren castigar una opción política". En este tribunal se ejerce el "derecho del enemigo", por lo que los procesados en este sumario "se sentarán en el banquillo en calidad de enemigos y sólo se puede esperar un castigo".

"Van a castigar a las personas que en los últimos 30 años han denunciado sus propias actuaciones", ha dicho.

Más allá de los 27 imputados

El encausado Julen Larrinaga ha querido ir más allá de la situación que vivien los 27 procesados en este sumario. En su opinión, a pesar de que ellos estén en una situación de "indefensión", "el verdadero problema es que existen miles de represaliados" que se encuentran en el mismo marco y ejemplo de ello son los detenidos, los familiares de los presos y demás colectivos que sufren de primera mano la represión del Gobierno español y francés.

Además, ha señalado que con este juicio quieren "invisibilizar la violencia del Estado", algo que, según ha afirmado, van a denunciar ellos en Madrid.

Fuente: Gara

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